Ayer tarde, la comisión permanente del Consejo Escolar de Madrid aprobó el dictamen del proyecto de decreto regulador de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. Un texto legal, de importante rango, que acomete una oportuna labor de sistematizar, ordenar y compilar la normativa diversa, y a veces dispersa, que estructura y ordena estas enseñanzas... Y sí, digo bien: ¡enseñanzas!

Vivimos tiempos convulsos. No hay más que asomarse a los medios de comunicación y, sobre todo, a esos otros "medios" que son las redes sociales, para ver que el panorama está revuelto. Por un lado, y desde la Administración central del Estado, una ministra que, con sus idas y venidas, no deja de generar dudas respecto de los propósitos reales del gobierno con la libertad de enseñanza y la escuela concertada. Por otro, el gobierno de la Comunidad de Madrid, reiterando su apuesta por la coexistencia pacífica de la escuela pública y de la privada concertada. Y por uno y otro, dimes y diretes que parecen buscar una confrontación absurda, anacrónica y ficticia.

Pues parece que, ya rozando el final de la legislatura, el gobierno de Madrid se decide a proponer dos novedades importantes. Por un lado, el impulso a la tramitación de un Decreto madrileño sobre reglamento autonómico del régimen de conciertos. Y por otro, la oferta de ayudas individuales para alumnos de centros concertados que se incorporan a bachillerato sin concierto en su propio colegio.

Comienza el curso, y con él, el recientemente publicado número 82 de la RevistaECM recoge una interesante editorial en la que se valoran las declaraciones formuladas por la Ministra Celaá en sede parlamentaria antes del verano. Dicha editorial consideraba que aquellos pronunciamientos habían sido un error de la Ministra, más o menos intencionado, pero en definitiva un "error de cálculo" que fue rectificado días después, tras la contundente reacción social y educativa con la que fueron recibidas sus palabras.

Siempre he creído profundamente en la libertad y en el valor de elegir. Esa libertad que los pensadores contractualistas propugnaban como uno de los derechos inviolables de los ciudadanos, que el Estado debía siempre proteger. Esa libertad que tiene que ser mimada, porque aunque nos parezca una gran conquista de nuestra sociedad moderna, aun sigue siendo un bien frágil y fácilmente manipulable.