Que en Escuelas Católicas de Madrid defendemos, como valor constitucional supremo y como derecho fundamental de cualquier padre o madre, la libertad de enseñanza y de elección de modelo y centro educativo, no es noticia. Posiblemente la defensa del derecho de elección de las familias nos constituye como centros y comunidades educativas.

En el debate abierto sobre el posible cierre de los centros de Educación Especial subyace el abierto cuestionamiento de la capacidad de los padres para decidir sobre la atención educativa de sus hijos.

Los acontecimientos especiales, salidas imprevistas del guión social impuesto, fuerzan la toma de posturas, a veces inconfesadas y ocultas. Ponen un poco de verdad en nuestro mundo.

Ayer tarde, la comisión permanente del Consejo Escolar de Madrid aprobó el dictamen del proyecto de decreto regulador de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. Un texto legal, de importante rango, que acomete una oportuna labor de sistematizar, ordenar y compilar la normativa diversa, y a veces dispersa, que estructura y ordena estas enseñanzas... Y sí, digo bien: ¡enseñanzas!

Vivimos tiempos convulsos. No hay más que asomarse a los medios de comunicación y, sobre todo, a esos otros "medios" que son las redes sociales, para ver que el panorama está revuelto. Por un lado, y desde la Administración central del Estado, una ministra que, con sus idas y venidas, no deja de generar dudas respecto de los propósitos reales del gobierno con la libertad de enseñanza y la escuela concertada. Por otro, el gobierno de la Comunidad de Madrid, reiterando su apuesta por la coexistencia pacífica de la escuela pública y de la privada concertada. Y por uno y otro, dimes y diretes que parecen buscar una confrontación absurda, anacrónica y ficticia.