El pasado martes, 20 de junio, once centros de Escuelas Católicas de Madrid firmaban su concierto para Grado Superior y lo hacían públicamente, con el sano orgullo de quien ve reparada una injusticia. Nada que esconder y mucho que celebrar. Así, cuatro años después, la Comunidad de Madrid vuelve a tener centros privados concertados de FP de Grado Superior. Es una gran noticia para quienes defendemos la libertad de enseñanza.
La decisión del Gobierno de Ignacio González y de su Consejera, Lucía Figar, de suprimir de un plumazo los conciertos de estas enseñanzas fue declarada ilegal por el TSJ de Madrid, primero, y por el Tribunal Supremo, después, y reparaba la tropelía que suponía denegar un concierto por falta de consignaciones cuando, a la vez, el crédito de conciertos se destinaba a financiar un régimen de becas (copago) en dichas enseñanzas, que traiciona el principio de libertad de enseñanza para todos. No hay libertad de elección si su ejercicio depende de la capacidad económica del alumno.
Mientras algunos sacaban la calculadora, los centros de Escuelas Católicas de Madrid decidieron defender los principios, hacer frente al atropello y acudir a los tribunales a pedir justicia, desoyendo los cantos de sirena de una administración que jugó entonces a dividir y a usar el palo y la zanahoria.
La travesía ha sido larga y el esfuerzo ímprobo por mantener una enseñanza de la mayor calidad en aquel contexto. Los centros mantuvieron y/reorientaron su oferta, gracias a un profesorado comprometido que vio reducido gravemente su salario, y a unas titularidades que tuvieron que completar el presupuesto de los centros con recursos propios, tanto materiales como humanos, fijando las cuotas de escolaridad incluso por debajo de su coste real. Sin embargo, la situación era muy complicada y algunos tuvieron que cerrar su oferta de Grado Superior, con los costes humanos, económicos y de proyecto que ello implica.
Con el cambio de Gobierno, se abrió una etapa nueva, de diálogo sincero y constructivo. La Consejería de Educación asumió que era necesario un marco estable de financiación de estas enseñanzas que permitiera a su vez orientar la oferta educativa a las necesidades del entorno productivo, objetivo que no se estaba consiguiendo con las becas. Las Sentencias del Tribunal Supremo supusieron el impulso definitivo. Su negociada ejecución es la palanca para retornar paulatinamente, desde la cuneta a la que se arrojó a la concertada, al carril de la carretera por la que circulaba. Quedarse en el arcén no es el punto de llegada, sino el inicio del retorno. Las “becas de Nacho” se construyeron sobre una injusticia que no puede perpetuarse. Al resto de centros, se les privó del concierto por el mismo e ilegal motivo.
Los que confunden la defensa de los centros estatales con atacar a la enseñanza concertada, como hemos visto recientemente por redes sociales al hilo de este asunto, están de enhorabuena. Aunque no lo sepan, la existencia de centros privados concertados permite un mayor gasto por alumno en los centros estatales. Los impuestos los pagamos todos. El problema no es de economía sino de libertad, principalmente cuando alguno considera que por superar una sacrosanta oposición, los ciudadanos/alumnos se convierten en los sustentadores obligatorios de su puesto de trabajo y luego lo disfrazan de igualdad o de equidad.
De nada sirve mirar al pasado. En la negociación de la ejecución de la Sentencia, los titulares de los centros no han buscado la reparación de todo el daño infligido a sus economías, sino mirar al futuro y tratar de que el concierto llegue a cuantos más centros posibles mejor. Los perjuicios para los profesores y para los titulares de los centros han sido cuantiosos. Pero solo lo reparará un retorno al concierto para todos. Esto se puede lograr si dejamos a un lado el ombliguismo y los cálculos cortoplacistas, y nos unimos todos, organizaciones de titulares y sindicales, centros y profesores, en reclamar, en todos los ámbitos y en toda ocasión, la vuelta al concierto. En los tiempos que corren por la piel de toro, parece lo más razonable.
Jose Antonio Poveda González
Secretario Regional de ECM
