El pasado martes, 20 de junio, once centros de Escuelas Católicas de Madrid firmaban su concierto para Grado Superior y lo hacían públicamente, con el sano orgullo de quien ve reparada una injusticia. Nada que esconder y mucho que celebrar. Así, cuatro años después, la Comunidad de Madrid vuelve a tener centros privados concertados de FP de Grado Superior. Es una gran noticia para quienes defendemos la libertad de enseñanza.

Distintas instancias de la administración autonómica madrileña defienden la pervivencia del cheque escolar en FP de Grado Superior con el argumento de la mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos. Según esta teoría, el cheque asegura un gasto fijo por alumno, con independencia del número de alumnos que asisten al aula, que es la verdadera unidad de coste. Si hay 15 alumnos en el aula, el gasto por alumno es mucho mayor que si esa misma aula albergase 25 o 30 alumnos. Claro está, la unidad de coste es el aula y no el puesto escolar.

La Sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la ilegalidad de la supresión de los conciertos de Grado Superior, propicia algunas reflexiones sobre el debate entre concierto vs cheque escolar, que era lo que subyacía tras aquella decisión ahora anulada. La primera es que el carácter postobligatorio de estas enseñanzas no es causa en sí misma para retirar o no renovar un concierto. La renovación es un derecho, también en las enseñanzas postobligatorias, que, en su caso, podría verse limitado por falta de consignaciones presupuestarias que deben acreditarse, lo que motivaría la aplicación de los criterios preferenciales fijados en la Ley. Y no es posible acreditar esa falta cuando se retira el concierto y se utilizan esas consignaciones presupuestarias para financiar una beca para las mismas enseñanzas y destinatarios.