Se cumplen casi tres meses desde la publicación de la nueva ley orgánica de educación. Efectivamente, desde el 30 de diciembre, la LOMLOE establece el marco en el que ha de desenvolverse la educación en nuestro país. Un marco legal que, como ya hemos manifestado reiteradamente, limita derechos, recorta libertades y desprecia calidad. Sin duda, un mal paso para la comunidad educativa y para la sociedad española. Un mal paso para la libertad, que se ve acechada por esta norma y, lo que es peor, por sus desarrollos reglamentarios o sus aplicaciones en las comunidades autónomas.

Entiendo perfectamente la intención del Gobierno en materia educativa y, precisamente por eso, entiendo su discurso y su ley tan meticulosamente atada a la Constitución que más bien la amordaza. Más o menos al estilo en el que se viene haciendo todo en esta legislatura que, sí, tranquilos, pasará a la historia, pero de las historietas. De momento, un saco de cemento y una ministra calista que ha urdido tan bien, tan bien el plan que ha convertido el cuento en un thriller no apto para toda la familia, es más, no apto para ninguna familia.