Se cumplen casi tres meses desde la publicación de la nueva ley orgánica de educación. Efectivamente, desde el 30 de diciembre, la LOMLOE establece el marco en el que ha de desenvolverse la educación en nuestro país. Un marco legal que, como ya hemos manifestado reiteradamente, limita derechos, recorta libertades y desprecia calidad. Sin duda, un mal paso para la comunidad educativa y para la sociedad española. Un mal paso para la libertad, que se ve acechada por esta norma y, lo que es peor, por sus desarrollos reglamentarios o sus aplicaciones en las comunidades autónomas.
Precisamente por ello, y como reacción, la Comunidad de Madrid ha presentado ante el Consejo Escolar de Madrid un proyecto de ley autonómica que, bajo el título "ley maestra de libertad de elección educativa", pretende garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución; es decir, con la libertad de elección de centro escolar, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad y el desarrollo integral de los alumnos, y, de manera específica, de aquéllos que presentan necesidades educativas especiales.
En este momento, y a punto de someter esta iniciativa legislativa al dictamen del Pleno del Consejo Escolar de Madrid el próximo día 9 de abril, solo cabe saludar con positiva y esperanzada expectación esta nueva acción promovida por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Una acción importante que debe ahondar y reafirmar la elección de centro y modelo educativo por los padres y madres, pero sin olvidar elementos igualmente importantes para garantizar esta libertad. Elementos que inciden enormemente en ella, entre los que se encuentran la autonomía organizativa y pedagógica de cada centro y, por supuesto, la gratuidad real de la enseñanza.
Respecto del primero, está claro que la Administración educativa debe promover la autonomía; una autonomía real, que empape la organización de los centros, sus apuestas pedagógicas, sus ofertas educativas, sus formas de gestión económica... una autonomía que impulse la realidad de cada centro, multiplicando la variedad de modelos y la especificidad de centros para que la elección de las familias se ejerza entre una oferta rica y plural.
Y qué decir respecto de la gratuidad. Sin gratuidad no hay posibilidad real de libre elección educativa. La elección de centro, para que realmente sea libre, exige estar exenta de ataduras económicas. La situación socio-económica de la familia no puede menoscabar o condicionar esa decisión de los padres. La ley, por lo tanto, debiera comprometerse también con una mejora de la financiación de los centros que garantizara su funcionamiento autónomo. Y debiera, además, abordar el tema pendiente de la extensión de los conciertos a las enseñanzas de bachillerato ofertadas por centros concertados, o a la recuperación de los conciertos por los centros de grado superior de formación profesional que se vieron privados de ellos allá por 2015.
Nos encontramos ante un nuevo reto. Un reto necesario que recibimos con los brazos abiertos. El título de la propuesta suena bien, muy bien. Ahora queda conocerla a fondo y aportar al gobierno y a los grupos parlamentarios nuestra experiencia y nuestras inquietudes sobre un tema abierto, complejo, e inmensamente importante para avanzar y afianzar una sociedad más libre y plural. Buena ocasión de ello tendremos el próximo día 9, en el Pleno del Consejo Escolar. Porque la libertad educativa es antesala imprescindible de las restantes libertades que conforman una sociedad democrática. Esperemos que esta iniciativa no sea un "choque de leyes", y termine confirmándose como un gran gesto y, sobre todo, una gran oportunidad bien aprovechada.
Emilio Díaz
Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de ECM
