Con el título “Falso debate”, El Pais editorializa hoy, 22 de noviembre, respecto de la polémica suscitada por la Ministra Celá en el reciente Congreso de Escuelas Católicas. Afirma este diario que su discurso no supone cambio alguno en las políticas educativas socialistas, y que la Ministra “se limitó a señalar en su discurso que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o un centro educativo concertado no emana del artículo 27 de la Constitución, algo que por otra parte ha ratificado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones”.
Este diario asume así la versión tuneada que el Ministerio de Educación ofreció la noche del 14 de noviembre de la Sentencia del Constitucional de 13 de febrero de 1981, en la que ocultaba, de forma vergonzosa, el párrafo clave que no le interesaba. Pero es que después la jurisprudencia del Constitucional se ha pronunciado justo en el sentido opuesto al apuntado por la Ministra, muy campanudamente. Baste citar entre otras, la STC de 27 de enero de 2014 que en su F.J.3º dice:
“En lo que respecta a la determinación por los padres del tipo de educación que habrán de recibir sus hijos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que este derecho constitucional se limita, de acuerdo con nuestra doctrina, al reconocimiento prima facie de una libertad de los padres para elegir centro docente (ATC 382/1996, de 18 diciembre, FJ4) y al derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, art.27.3CE (STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ5B)”.
El derecho de los padres a elegir el tipo de educación, la formación religiosa y moral, y la elección de centro forman parte esencial del concepto de la libertad de enseñanza. No es de extrañar el sonoro murmullo que se generó cuando la Ministra mutiló su contenido, gravemente y sin anestesia, ante los dos mil anonadados congresistas. Por tanto, lejos de ser un falso debate, la Ministra lo ha abierto con un argumento falso y que supone un salto cualitativo en el posicionamiento del PSOE. No es lo mismo que existan conciertos para el ejercicio de un derecho constitucional, a que existan para el ejercicio de un derecho que te concede o no el legislador de turno. El salto cualitativo es evidente y muy grave, por más que quieran disimular la señora Ministra y sus voceros.
En la presentación en el Congreso de los Diputados del libro blanco de CEOE sobre la educación, la responsable socialista Maria Luz Martínez Seijo, sostuvo que el pacto educativo estaba en el artículo 27 de la Constitución y que a partir del mismo se debía alcanzar el ansiado acuerdo. Ahora vemos que aquello no era más que un nuevo ejercicio de trilerismo semántico. El PSOE es muy libre de sostener la postura que considere oportuna en torno a este debate, pero no se puede escudar en la jurisprudencia del TC que dice justo lo contrario. Por eso, señores de “El Pais”, el debate es verdadero, de extrema gravedad y ha sido la Ministra quien lo ha puesto encima de la mesa.
Jose A. Poveda
Secretario Regional EC Madrid
