Supongo que Lope de Vega no pensaba en la precaria situación económica de los centros concertados cuando escribió la comedia palatina cuyo título nos ha cedido amablemente para encabezar este nuevo post... Supongo también que no pretendió equiparar a su protagonista, Diana, con una Administración Educativa, como tampoco a su "amado" Teodoro con uno de nuestros colegios.... Pero francamente, cualquiera diría que casi cuatrocientos años antes, el interés de tan ilustre autor iba por ese camino...
Porque algo así es lo que surcó fugazmente mi humilde intelecto cuando, durante una de las reuniones extraordinarias de directores a la que asistí esta semana, la asesoría jurídica de ECM pretendía explicar con denuedo el complejo, complejísimo entramado legal y burocrático de las actividades complementarias, extraescolares, los servicios, y su trasfondo organizativo y económico...
¡Qué lío! - pensé... Y es que, realmente, resulta complicado encontrar en la normativa reguladora una solución práctica a las exigencias organizativas de los centros, a las demandas de las familias, y por supuesto, a las necesidades económicas experimentadas por las escuelas. Y es que, junto a los requisitos perfectamente respetables y respetados de voluntariedad y no lucratividad que deben cumplir las actividades y servicios, nos encontramos con criterios no menos importantes que nos hablan de innovación, creatividad, mejora de la oferta académica, profundización en contenidos, generación de recursos complementarios e indispensables... Nos hablan, en definitiva, de unas actividades y servicios que exigen amplitud de miras y que, difícilmente, pueden encorsetarse en normas que se agotan en un palmo de terreno...
Lo decíamos hace algunos meses en este mismo blog: ¡No debemos permitir la "demonización" de las actividades complementarias! Su programación y oferta por los centros es fundamental para mejorar la calidad de su oferta educativa, pero también para conseguir la obtención de una financiación indispensable que, de otra forma, quedaría sin cubrir. Una financiación que permite mantener abiertos los colegios y que hagan frente a necesidades relacionadas con la innovación educativa, con las tics o con el bilingüismo, por ejemplo.
No nos engañemos: la única forma de procurar la gratuidad de las actividades y servicios es la actualización y dignificación del módulo económico de los conciertos educativos; una obligación esta que la ley atribuye al gobierno de la nación y de las comunidades autónomas, lo que sistemáticamente unos y otros vienen incumpliendo desde hace cerca de treinta años...
Es decir, que parafraseando a Lope, nuestros responsables educativos no ponen los recursos, pero dificultan que los centros los obtengan... En definitiva, y como el perro del hortelano... ¡ni comen, ni dejan comer!
Emilio Díaz
Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales
