No por recurrente, deja de ser un tema de interés y actualidad. ¡La dotación económica de los conciertos educativos no permite llegar a fin de mes! Así se viene reconociendo desde todos, absolutamente todos los sectores afectados: agentes sociales, gobiernos, grupos políticos, movimientos escolares…, hasta los propios textos legales… ¡Todos se ponen de acuerdo en denunciar la insuficiencia de los módulos presupuestarios fijados para estos centros! Pero a su vez, todos, absolutamente todos miran para otro lado, como dando a entender que la cosa no tiene remedio. Así quedó de manifiesto en la comparecencia de ECM en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, ante todos los partidos políticos con representación parlamentaria en Madrid, celebrada el pasado miércoles, día 18 de mayo.
El régimen de conciertos, instaurado en el año 1985, constituye una “institución” valorada y querida por la sociedad española (y si no, que se lo pregunten a las familias valencianas que ayer, domingo, se echaron a la calle para defender su derecho a elegir). Y podría decirse que, aunque a veces con la “boca chica” y mirando para otro lado, también valorada y respetada por la clase política en general, por mucho que a algunos de sus miembros les entren sarpullidos cuando la nombran. Pero en cualquier caso, y digan lo que digan, los conciertos están ahí, desde hace nada menos que treinta años (y ya es difícil que en este país algo dure tanto tiempo), procurando que nuestro sistema educativo tenga un imprescindible “chute” de calidad, equidad, libertad y pluralidad. Y vuelvo a decir: así se reconoció, de forma más o menos explícita, por todos los grupos parlamentarios de Madrid presentes en la citada Comisión de la Asamblea.
Dicho esto, y con treinta años de experiencia a nuestras espaldas… ¿Sería mucho pedir que el gobierno estatal y los autonómicos afrontaran un tratamiento serio de este tema? ¿Sería posible que las Administraciones educativas promovieran un estudio sensato y ecuánime del coste del puesto escolar y de la inversión realizada en la escuela concertada? ¿Podremos evitar alguna vez la descapitalización de que vienen siendo objeto los centros cuando ven que los gastos soportados suben, y en cambio el carácter deficitario de la financiación se acrecienta? En esta misma línea abunda la reciente encuesta realizada por ECM entre los directores de los centros, que de forma machacona incide nuevamente en que la partida de otros gastos no llega ni al cincuenta por ciento de los costes soportados por los centros…
Quizá el acuerdo educativo que el gobierno de la Comunidad de Madrid está promoviendo entre los agentes sociales y partidos políticos pueda ser una buena ocasión para coger este toro por los cuernos y, tras los pertinentes estudios económicos de costes e inversión, se pueda iniciar una política seria y realista respecto de la financiación de los centros. Se pueda afrontar una reforma económica del régimen que, de una vez, evite los “dimes y diretes” respecto de cobros a familias y otras cantinelas. Se pueda decir que, en definitiva, los gobiernos sacan su cabeza de debajo del ala, tal y como solicitamos en la Asamblea de Madrid. Entretanto…
Emilio Díaz
Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales
