Ha caído en mis manos un “post” (ahora les llaman así) de Emilio Díaz. Me resulta un artículo simpático, aunque un poco ingenuo. Pero al mismo tiempo con unas veladas afirmaciones que están cargadas de verdad y que yo me atrevo a ampliar y matizar.
Y lo hago con la experiencia de mis años dedicado a la Educación. Desde bastante antes de que en 1985 se aprobara el régimen de Conciertos.
Desde entonces he estado en primera línea en diversos servicios de la Escuela Concertada. Y poco a poco fuimos dándonos cuenta de una realidad: el régimen de conciertos era una buena solución para asegurar un equilibro en el sistema educativo español, y para garantizar las libertades que la Constitución proclama para todos los españoles.
Pero claro, era bueno si no se “hacia trampa”. Si no se falseaba lo que las leyes decían. Y como resulta que la Administración – de todos los signos y colores- no cumple con su parte, lo que en teoría podía ser bueno es una “GRAN MENTIRA”, y por lo tanto nunca puede ser catalogada como buena solución.
Y cuando ya se parte de una gran mentira básica: decir que la Educación de los 6 a los 16 años es gratuita tanto para los alumnos de los centros públicos como privados concertados, a partir de ahí ya nada puede funcionar bien.
Como se habla de enseñanza gratuita, sufragada por el estado (hoy por las Comunidades Autónomas) parece lógico que se añada que los padres no tienen que pagar por la enseñanza. Pero como resulta que la Administración (y eso no lo discute nadie) no paga lo que cuesta la enseñanza, y sin embargo mantiene que es gratuita y que los centros no pueden percibir cantidad alguna de los padres… ya no hay posibilidad de un clima adecuado para una educación de calidad y sobre todo en paz y concordia.
Lo que Emilio Díaz denuncia en su escrito es la situación incómoda y un poco absurda que se está produciendo en estos momentos en Madrid a costa de las Instrucciones sobre las Actividades y Servicios.
Pero, créanme, no tiene solución. Mientras nuestras administraciones sigan convencidas de que tienen derecho a exigir que se cumplan las obligaciones, leyes, decretos, órdenes o instrucciones que ellos dicten, pero que a ellos nadie les puede exigir que cumplan ni el mandato constitucional, ni las Leyes Orgánicas… Pues eso, que ellos tienen “la sartén por el mango y el mango también”.
¿Se atrevería algún representante de la Administración, sea estatal o autonómica a decir “LA VERDAD”?: “No es cierto que con lo que la administración aporta en la enseñanza concertada, esta pueda desarrollar su labor. La cantidad que aporta es sustancialmente menor que la que aporta a los centros públicos.
Solo recuerdo un político que se atrevió a decirlo en público, -aunque fuera de manera sutil-. Me refiero a Ernest Maragall cuando era Conseller de educación en Cataluña.
No pretendo atacar a ninguna Administración actual y pasada por la “gran mentira”. Simplemente me gustaría que fueran capaces de reconocerlo y dejar de perseguir fantasmas que ellos mismos han creado.
Manolo Barahona msc
Director ejecutivo FEyE
