Van Grieken inaugurará la I Asamblea de Escuelas Católicas de Madrid (ECM) en este 18-19

Ante más de 400 titulares y directivos, el consejero de Educación se pronunciará, entre otros temas, acerca de la política educativa del nuevo gobierno de la nación y de las propuestas para la Comunidad de Madrid.

La Asamblea de Titulares y Directores se celebrará el próximo jueves, día 20, y tiene previsto abordar diversos aspectos tales como las novedades legislativas que afectan a los centros de Madrid, el IV Congreso ECM “En clave de Ti”, previsto los días 22, 23 y 24 de noviembre, las propuestas de formación de profesorado y directivos programadas para este curso, o el nuevo Programa de Convivencia que lanza la organización para sus centros.

Es de esperar que el consejero de Educación, aprovechando la máxima asistencia prevista para esta Asamblea, y la presencia de responsables de organizaciones patronales y sindicales y de padres de la concertada, revele algunos aspectos importantes del reciente anuncio realizado por el presidente de la Comunidad acerca de las ayudas al alumnado de bachilleratos sin concertar ofrecidos por centros concertados.

Asimismo y como suele ocurrir, esta asamblea servirá de termómetro para conocer el estado de ánimo de la comunidad educativa de la escuela concertada, que esta vez estará marcado por los últimos anuncios sobre la demanda social realizados por la ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez.

“No hay enfrentamiento entre la escuela pública y la concertada; somos complementarias”

Tras la reunión que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha mantenido con las organizaciones de los colegios concertados de Madrid, José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid (ECM) ha agradecido que se haya escuchado a un sector que representa el 30% de la educación madrileña.

Durante la comparecencia, Poveda ha manifestado la honda preocupación que han despertado en la escuela concertada las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que, según ha manifestado, nos alejan del necesario pacto educativo. El secretario regional de ECM ha reiterado la necesidad de un pacto que, dentro del art. 27 de la Constitución, aporte estabilidad al sistema y permita un impulso a la educación de nuestro país.

José Antonio Poveda ha insistido en que los centros públicos y los privados concertados se complementan entre sí para posibilitar el derecho a una educación en libertad. “Los conciertos son el instrumento que permite a los padres la elección del tipo de educación para sus hijos, aportando calidad, innovación, equidad, optimización de recursos y libertad”.

Además, ha subrayado que los poderes públicos deben abstenerse de la tentación de imponer un control ideológico de los ciudadanos por medio de la educación. Por ello, ha continuado diciendo que los poderes públicos “deben garantizar una red pública y una red privada concertada complementaria y de calidad, garantizando también que las familias puedan seguir eligiendo contenidos acordes a sus propias convicciones, como es el caso de la asignatura de Religión o su alternativa”.

Poveda ha concluido manifestado el apoyo de la concertada al acuerdo sectorial que para los centros públicos y por importe de 400 millones de euros ha firmado el Gobierno de Madrid con los sindicatos de la escuela pública, señalando que la concertada espera que se sigan dando pasos para mejorar algunas de las condiciones en las que los centros concertados prestan su servicio a la sociedad; es el caso de la adecuación del deficitario módulo de conciertos al coste real; o la financiación de la orientación educativa en los centros de Primaria; o seguir avanzando en la progresiva recuperación de los conciertos de FP de Grado Superior suprimidos hace cinco años.

En su respuesta, Ángel Garrido ha mostrado su compromiso con la libre elección de centros por las familias, manifestando su apoyo a la enseñanza concertada ante los cambios normativos anunciados por el Gobierno central.

En su exposición, ha anunciado la extensión del servicio de orientación educativa a Infantil y Primaria en los colegios concertados y también un nuevo decreto para regular el ordenamiento de estos centros concertados madrileños.

Escuelas Católicas lamenta las palabras desalentadoras de la Ministra de Educación con respecto a la enseñanza concertada

Defiende que la asignatura de Religión esté en igualdad con el resto y sea evaluable

Escuelas Católicas quiere expresar su indignación y preocupación al conocer las líneas maestras del proyecto educativo de la ministra de Educación, Isabel Celaá. Sus palabras de hoy, en la Comisión de Educación del Congreso, con respecto a la enseñanza concertada y a determinados temas incluidos en la propuesta de Pacto Educativo, causan inquietud y desaliento en un sector educativo que representa al 26% del sistema educativo español.

Sorprenden hoy estas declaraciones cuando la propia Ministra, hace pocas semanas, en la toma de posesión del Secretario de Estado de Educación, ofreció diálogo y voluntad de alcanzar un Pacto Educativo estatal y, ahora, defiende planteamientos que atacan frontalmente a los principios de libertad de enseñanza y que generan división, preocupación y controversia en el ámbito educativo.

Escuelas Católicas lamenta el anuncio de querer cambiar, sin el mínimo consenso, la LOMCE para quitar peso a la enseñanza concertada y recuerda, en este sentido, que el Artículo 27.1 de la Constitución reconoce en plano de igualdad el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. Una libertad de enseñanza que implica, por una parte, la libertad de creación de centros y, por lo tanto, de oferta de un proyecto educativo concreto; y por otra, la libertad de las familias a elegir el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos para sus hijos. Para hacer posible el ejercicio de estos derechos en todas las capas sociales, en una enseñanza obligatoria y gratuita, es imprescindible la financiación pública en los centros que cumplan los requisitos constitucionales.

Asimismo, niega rotundamente que la LOMCE favorezca a la enseñanza concertada (no hay más que revisar los artículos referidos a la FP básica, los ciclos formativos o las condiciones del profesorado, por ejemplo), y subraya que la referencia a la “demanda social” en el Artículo 109 únicamente reconoce que, entre los criterios empleados en la programación de puestos escolares, se tienen que tener en cuenta las decisiones de los padres a la hora de elegir centro.

Dicha “demanda social” es plenamente coherente y consecuente con el Artículo 27 de la Constitución, tal y como ha señalado recientemente el Tribunal Constitucional. Con otras palabras, no se puede programar la enseñanza de espaldas a los derechos de los titulares y las familias. Los poderes públicos están obligados a posibilitar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Su misión no es dirigir la opción de las familias, obstaculizando el ejercicio de los derechos de los padres, sino tener en cuenta precisamente la elección que éstos realizan (Artículo 9 de la Constitución).

Asignatura de Religión

Por otra parte, en cuanto al anuncio de que Religión dejará de ser asignatura computable, Escuelas Católicas sigue defendiendo la necesidad de que se mantenga como materia curricular, no solo en base a los Acuerdos vigentes suscritos con la Santa Sede, que consideran la Religión como una asignatura equiparable al resto, sino también porque el Artículo 27.2 de la Constitución establece que el objetivo principal de la educación es la “formación integral de la persona”. No es concebible conseguir este objetivo omitiendo todo lo que tiene que ver con la Religión, la Historia de las Religiones o, incluso estudiar las formas en las que las distintas civilizaciones han afrontado el sentido de trascendencia.

Por consiguiente, Escuelas Católicas continuará sosteniendo que la Religión siga siendo una asignatura curricular (no confundir con “catequesis”), análoga al resto de asignaturas y, por lo tanto, evaluable y computable.

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