Sin duda, el proyecto de Ley Celaá no tiene desperdicio. Por mucho que se bucee en él, no se encuentra ni con lupa un factor de enriquecimiento, de motivación, de crecimiento... No se encuentra un sólo elemento que pueda materializar y estructurar el magnífico bagaje de innovación y creatividad pedagógica que las comunidades educativas han promovido durante la última década. No se encuentra innovación, calidad, superación, equidad e instrumentos para la igualdad de oportunidades... y sobre todo, no se encuentra libertad.

Y es que, ante todo, podemos decir que el proyecto de Ley, tal y como lo conocemos, es liberticida. Una tendencia que se manifiesta en muchas políticas y decisiones que encuentran su base en aquella famosa afirmación de la Ministra, que decía eso de "en ninguna manera se puede decir que los hijos pertenecen a los padres"... ¿Recuerdan?

Pues bien, aquel exabrupto, aquella frase que más bien parecía consecuencia de un lapsus linguae, meses después, sirve de fundamento filosófico para, nada menos, una nueva ley educativa. Una ley orgánica que regula derechos fundamentales de los previstos en el Título I de la Constitución, pero que lejos de regularlos, los cuestiona o, incluso, los anula. Y quizá el caso más paradigmático de esta tendencia se encuentre en los sistemas de escolarización y la labor interventora que se atribuye a las Comisiones de Garantía.

Ciertamente, el objetivo de una distribución equilibrada de la población escolar entre los distintos centros sostenidos con fondos públicos, es un deseo y un fin compartido por toda la sociedad, correspondiendo a las Administraciones Educativas propiciarlo sin alterar derechos superiores. Es decir, siendo árbitro, no protagonista. Y ahí es donde está el problema. La ley lo sólo altera, sino que incluso puede suprimir ese derecho; puede llevar al último extremo eso de que "los hijos no pertenecen a los padres"; puede impedir el derecho de los padres a "elegir" centro educativo, y sustituirlo por la capacidad de la Administración Pública de "asignarlo". Un cambio que cercenaría el derecho a elegir centro concertado; pero también centro público... ¡ojo!

Todo esto me recuerda una inolvidable reunión que mantuve con responsables del partido Podemos en su primera comparecencia electoral en la Comunidad de Madrid. En ella, el representante del partido, hombre bueno por otra parte, definía la "planificación" educativa como la política que debía imponer en cada escuela una composición social idéntica a la del barrio en la que ésta se insertaba. Es decir, que si en la zona vivía un porcentaje de alumnado rubio y otro porcentaje de pelirrojo, esos mismos porcentajes debieran estar presentes en el alumnado del propio centro, dijeran lo que dijeran sus respectivas familias. O lo que es lo mismo, planificación en el más “orweliano” modo de ingeniería social. Es decir, quitamos "elegir" y lo sustituimos por "asignar".

Mañana viernes, a las 12 horas, tenemos una nueva oportunidad para expresarnos ante el Congreso. Ojalá entre todos logremos que la ley orgánica preserve el derecho a "elegir", y lo imponga sobre la intención de "asignar".

Emilio Díaz
Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de ECM